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lunes, 6 de mayo de 2013

El apartheid sanitario del PP mató a Alpha Pam

Por Alex Amaro | @alexamarobcn

Alpha Pam, un senegalés de 28 años y residente en Mallorca, se convierte en la primera víctima mortal de la política de apartheid sanitario impuesta por el Partido Popular.


Alpha Pam
Desde diversos sectores sociales y políticos habíamos advertido de las nefastas consecuencias que traería la imposición del Real Decreto Ley 16/2012, una legislación injusta que sentó las bases del apartheid sanitario al que se encuentra sometidos miles  de ciudadanos y ciudadanas excluidos de la atención medica debido a la combinación arbitraria de dos legislaciones injustas e incongruentes, la sanitaria y la de extranjería, dos normativas jurídicas obsoletas que niegan de forma reiterada los derechos de ciudadanía a las personas que no ostentan la nacionalidad española ni el número de identificación de extranjeros, o a aquellos que, aun habiendo nacido en el territorio español no pueden detentar la nacionalidad ni la ciudadanía por no poder acreditar ascendencia española.
 
El no reconocimiento de la ciudadanía conlleva una vulneración sistemática y estructural de todos los derechos tipificados como inherentes a la misma, entre ellos, el derecho a la vida ligado a la atención medica.
 
La negación de la atención sanitaria violenta el cumplimiento del derecho a la vida, así lo demuestra el caso de Alpha Pam, un joven senegalés de 28 años de edad y residente en Mallorca, quien tristemente se ha convertido en la primera víctima mortal de la política de apartheid sanitario impuesta por el PP.
 
La injustificada muerte de Alpha Pam ocurrida el pasado 21 de abril, devuelve la visibilidad a los miles de personas, incluyendo niños y niñas, que se encuentran expuestas a un destino parecido al del joven senegalés si desde el gobierno derechista se insiste en mantener ésta legislación inhumana y criminal.
 
Es paradójico que, mientras se acelera una reforma legislativa para restringir el derecho al aborto y las condiciones para hacerlo, sobre una supuesta defensa de la vida, se le niegue a los ya nacidos el derecho a la vida sobre el supuesto de no portar una documentación administrativa que en ningún caso, tenerla o no, debería condicionar la prestación de la atención sanitaria ni de otros tantos derechos que son negados y restringidos para las personas que por razones inicuas no pueden acceder a los procesos que regulan el derecho de residencia y trabajo legal para los ciudadanos de origen extra-europeo.
 
La exclusión sanitaria se suma a otras injusticias que persisten sobre la población migrada que no consta de documentación administrativa, el acoso policial, los centros de internamiento, la explotación laboral son otras de los padecimientos al que son sometidas las personas migradas, vulneradas por prácticas estructurales e institucionalizadas que criminalizan antes que reconocer y proteger los derechos humanos y de ciudadanía de las personas.
 
La indignación ante la muerte de Alpha Pam debe llevarnos nuevamente a las calles para exigir la derogación inmediata del Real Decreto de apartheid sanitario y para reivindicar los derechos de ciudadanía para todas las personas, a partir de un cambio progresista de las normativas, que debe comenzar con la derogación de la ley de extranjería, para desarrollar entonces, una normativa jurídica que garantice el ejercicio pleno de la ciudadanía para todas las personas, sin que su situación administrativa menoscabe sus derechos y menos aun, le despoje de su ciudadanía.
 
Debemos exigir responsabilidades políticas y de gobierno por la cadena de negligencias que han provocado la muerte de Alpha Pam, una muerte que no debió ocurrir, que pudo evitarse si hubiera primado el derecho a la vida sobre la conveniencia neoliberal que apuesta por destruir la sanidad pública y su cobertura gratuita y universal. Estamos a tiempo de detener nuevas muertes, conscientes de que pueden suceder en un contexto injusto en el que miles de personas han sido abandonadas a su suerte.
 
Una sociedad como la española, considerada una potencia del primer mundo que presume de tener el mejor sistema sanitario no pude permitirse nuevas muertes por las razones ideológicas y políticas que han provocado el actual sistema de exclusión, que sucedan, cuestiona profundamente el supuesto sistema democrático e institucionaliza una anomalía jurídica que nos devuelve a los peores tiempos de la sociedad feudal.
 
En defensa de la vida para los nacidos, no importa donde hayan nacido, seguiremos reivindicando la plena ciudadanía, que es lo mismo que decir: derechos para reivindicar derechos.

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