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sábado, 27 de abril de 2013

Ni la UASD y ni la Policía pueden sentenciar a los dirigentes del FELABEL

Por Alex Amaro | @alexamarobcn

“Nadie debe saltarse los canales institucionales dispuestos por orden constitucional para la impartición de justicia, menos aun las instituciones públicas, pero sobre todo, aquellas que como la Policía Nacional están llamadas a garantizar el respeto a las leyes, así como garantizar la seguridad de la ciudadanía”.

Antes de que concluyan las investigaciones sobre la muerte del coronel, las autoridades universitarias y policiales han creado el estigma y a criminalización de los responsables de dicha organización estudiantil, siendo el primer paso para un desenlace fatal, que como siempre, huele a chanchullo, a un posible e indiscriminado ajuste de cuentas sin razón moral que lo justifique y más aun, sin ninguna base jurídica, siendo del todo injusta e ilegal.

El afán de asignar responsabilidades políticas a los dirigentes estudiantiles de la UASD ante hechos de violencia que muchas veces se suceden en el campus universitario no es nuevo, es tan antiguo como la propia autonomía y el fuero universitario.

La componenda de la cúpula directiva de la universidad con los grupos del poder, aun cuando los últimos han agredido de forma sistemática a la propia academia, ha quedado constatada en distintos momentos históricos que han implicado al movimiento estudiantil como sujeto político en los procesos populares para la transformación social y económica del país.

Desde el movimiento estudiantil siempre ha buscado aportar a la consecución de las mejores condiciones de vida para el pueblo dominicano, en especial para aquellos sectores empobrecidos y menos favorecidos por los alardes de crecimientos que, desde el poder establecido, se presentan como una verdad irrevocable que continuamente desmienten los alarmantes e inocultables niveles de pobreza que afectan a las grandes mayorías del país.

El movimiento estudiantil universitario siempre ha estado del lado pueblo, entregando a muchos de sus mejores líderes a la causa revolucionaria, algunos de los cuales han pagado con su vida su desafío ante la opresión, las injusticias y la pobreza.

La disolución de Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel(FELABEL), por parte de las autoridades universitarias facilita la criminalización por parte de la policía y de los grupos que desde hace décadas buscan la destrucción del movimiento estudiantil universitario. Los que hemos padecido la persecución y la criminalización injusta por parte de sectores que atentan contra la universidad, sabemos muy bien lo que implica una decisión como la tomada por los responsables de la academia; queriéndolo o no, han rubricado la sentencia de muerte que ya advirtió el Jefe de la policía, descartando desde el principio la vía judicial para sancionar a los responsables de la muerte del policía.

Al actuar de forma indiscriminada contra los jóvenes estudiantes dirigentes del FELABEL, Las autoridades universitarias se hacen cómplices de lo que pueda sucederles a cualquiera de ellos.

Si los dirigentes del FELABEL son responsables o no de tal suceso, eso debe determinarlo la justicia previa investigación, en la que debe primar el sentido de la profesionalidad investigativa, el sentido de justicia y sobre todo, el respeto de los derechos de los supuestos responsables, así como la observación irrestricta del debido procedimiento judicial.

Nadie debe saltarse los canales institucionales dispuestos por orden constitucional para la impartición de justicia, menos aun las instituciones públicas, pero sobre todo, aquellas que como la Policía Nacional están llamadas a garantizar el respeto a las leyes, así como garantizar la seguridad de la ciudadanía.

La sociedad civil y las fuerzas políticas deben exigir a la policía plenas garantías para el respeto de la vida y todos los derechos para los jóvenes señalados como responsables de la muerte del coronel, la última palabra y la actuación corresponden a la justicia, por lo que no se entiende que, sin investigación acabada, juicio o sentencia, la autoridades universitarias hayan adoptado medidas contra el FELABEL, sus dirigentes y activistas. Disolver la organización estudiantil y expulsar a sus dirigentes facilita su estigmatización y posibles acciones extrajudiciales y criminales, como a las que muchas veces se recurre desde la policía nacional.

miércoles, 3 de abril de 2013

Violencia racista y apartheid en la República Dominicana



Por Alex Amaro | @alexamarobcn

Comparto con ustedes parte de las imágenes de la violencia racista y del estado de apartheid que desde los grupos de poder se intenta imponer en la República Dominicana. Esto sucede frente a la pasividad de gran parte de la sociedad dominicana, con la anuencia y estimulo de los sectores más conservadores de las cúpulas religiosas, con la instigación y empuje de fuerzas políticas abiertamente racistas y xenófobas como la Fuerza Nacional Progresista (FNP, empresa política de la familia Castillo), frente a la indiferencia de la rancia e inepta partidocracia (PLD, PRD y PRSC) y ante a la inexistente o tímida condena del supuesto progresismo dominicano.

La acción de la policía dominicana se encuentra amparada en la violencia racista y el sistema de apartheid que se está imponiendo desde instituciones del Estado como la Junta Central Electoral y la Dirección General de Migración.

El gobierno del PLD y las distintas fuerzas políticas de la oposición, así como el conjunto de la sociedad civil, deben exigir responsabilidades claras y contundentes, deben producirse acciones judiciales para castigar ejemplarmente a los responsables intelectuales y materiales de ésta vergonzosa e inaceptable acción racista.

El Gagá es parte de la cultura dominicana. La negritud y las tradiciones afrocaribeñas son parte de nuestra identidad. Querer negarlo y pretender convertirnos por la fuerza a todas y todos los afrodescendientes dominicanos en blancos o pretender perpetuar el ridículo internacional al obligarnos a considerarnos “indios” y no negros, constituye una vergüenza y un absurdo que interfiere en nuestra construcción, social, cultural y política como pueblo. La República Dominicana es mayoritariamente negra y mestiza, les guste o no, a los que desde el poder se empeñan en construir una imagen de país que la calle niega.

El supuesto progresismo dominicano debe ser enérgico en la defensa de la mayoría negra y mestiza que ha sido negada, oprimida y castigada durante décadas por el color de su piel y tradiciones ancestrales. Debemos actuar de manera contundente frente al apartheid impuesto contra la minoría negra dominicana de ascendencia haitiana, a la que de forma reiterada se le está negando su nacionalidad, asentamiento y arraigo en tierra dominicana. Tenemos que defender a todas y todos los dominicanos sin que importe su origen, color de piel o religión.

No debemos continuar privilegiando un supuesto patriótico que refuerza la marginación y exclusión de un segmento de la sociedad dominicana por su ascendencia haitiana. Los valores patrióticos que deben servirnos hoy en día, deben ser aquellos que nos permitan democratizar la ciudadanía y extenderla a todas y todos los habitantes del país, más allá de la nacionalidad que se detente o del origen nacional o étnico.

La patria que heredamos no es la patria que queremos, tenemos que buscar nuevos héroes y heroínas que nos permitan construir un mejor país, más democrático e incluyente, la patria que queremos está por construir, es algo que debemos hacer y no podemos delegar irresponsablemente en nuevas generaciones.