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martes, 24 de julio de 2012

Burocracia Vs políticas públicas, el despropósito de crear un “Viceministerio para los dominicanos en el exterior”

Por Alex Amaro (@alexamarobcn)

Los agentes sociales que representan a la diáspora dominicana deben estar atentos a los movimientos del actual gobierno y del próximo, así como a los de las cámaras legislativas, de manera que las decisiones adoptadas respondan a las necesidades de las comunidades en el exterior y no a los intereses clientelistas derivados del pago a las contribuciones realizadas durante la pasada campaña electoral”.

Los economistas Fran Valenzuela y Héctor Frías, ambos miembros de la Quisqueya Fundation, organización dominicana radicada en los Estados Unidos, han presentado una propuesta ante el Senado de la República Dominicana, con el objetivo de que éste incorpore dentro del Proyecto de Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores la creación de un Viceministerio para los Dominicanos en el Exterior, una propuesta que de entrada resulta desacertada y mal fundamentada, ya que quiere establecer una “burocracia administrativa” previo a la definición de una políticas públicas que deben ser la pauta para la articulación de cualquier fórmula de gestión institucional de los objetivos políticos que se definan, como de la relación con los actores sociales involucrados en el marco de actuación de las mismas.

La propuesta resulta extemporánea ineficaz y oportunista, ya que no atiende a la problemática real ni a las exigencias de relacionamiento demandadas por las comunidades dominicanas radicadas en el exterior. La propuesta refuerza las exigencias clientelistas de las bases en el exterior de los partidos tradicionales que buscan mecanismos institucionales, aunque sean absurdos como éste, para succionar de los recursos del Estado y cobrar sus contribuciones al triunfo electoral de su aparato político.

Es una propuesta absurda sobre todo en un momento en el que el presidente electo, Danilo Medina, aun no ha desvelado la fórmula para hacer operativa su propuesta de crear un Instituto para el Bienestar de los Dominicanos en el Exterior, del que tendrán que conocerse sus tareas y alcances, pero sobre todo, la reconfiguración del mapa de relaciones del Estado dominicano con la diáspora tomando en cuenta que ya hay 7 diputados del exterior y unos Consejos Consultivos. Lo que obliga al nuevo gobierno a iniciar un proceso de diálogo con la diáspora que permita definir unos objetivos políticos concretos que se orienten a mejorar su vínculo institucional con el Estado dominicano y a lograr una mayor participación en el desarrollo del país. Pero sobre todo que ayude a definir un programa de acciones dirigidas a mejorar su integración y bienestar en los países de acogida.

Lo cierto es que habrá que definir un mecanismo de actuación gubernamental que se sintetice en una burocracia que en todo caso debe ser lógica, funcional y efectiva. No debe responder a las necesidades de extensión internacional del clientelismo político dominicano, sino a las exigencias derivadas de las políticas públicas a definir de forma democrática y participativa con la diáspora. Ésta es una tarea urgente del nuevo gobierno, será una de las pruebas para saber si realmente está dispuesto a corregir lo que está y a hacer lo que nunca se hizo.

Los agentes sociales que representan a la diáspora dominicana deben estar atentos a los movimientos del actual gobierno y del próximo, así como a los de las cámaras legislativas, de manera que las decisiones adoptadas respondan a las necesidades de las comunidades en el exterior y no a los intereses clientelistas derivados del pago a las contribuciones realizadas durante la pasada campaña electoral.

El momento es oportuno para recordar algunas de las propuestas que presentamos durante la pasada campaña electoral, las que se orientan a fomentar la creación de una  agenda de acción política dirigida a mejorar de las condiciones de vida de los dominicanos y dominicanas en el exterior. Nuestra propuesta plantea la necesidad de definir un marco jurídico a partir de la creación de una Ley de Atención e Impulso a las dominicanas y dominicanos en el exterior, que entre otras cosas permita:

  1. Establecer las “Casas Dominicanas” en las ciudades del exterior en donde la población dominicana sea cuantitativamente significativa.
  2. Mejorar de los servicios públicos y consulares mediante el establecimiento de Oficinas Especializadas en la Atención a los-as ciudadanos-as dominicanos-as en el exterior.
  3. Crear un Fondo Económico y Social que facilite el acceso a financiamientos y créditos especiales para los-as emprendedores-as dominicanos-as en exterior y para las entidades dominicanas que promueven la cultura y el desarrollo.
  4. Simplificar los trámites y reducir las tasas de los servicios consulares.
  5. Implementar programas de becas y de educación presencial o a distancia para las-os dominicanas-os en el exterior.
  6. Mejorar la participación, representativad y transparencia en los Consejos Consultivos para las-os dominicanas-os en el exterior.
  7. Reducir las tasas aeroportuarias para los-as dominicanos-as residentes en el exterior, de manera que se facilite el reencuentro permanente de las familias dominicanas separadas por el hecho migratorio e incentiven el crecimiento del turismo criollo desde el exterior hacia la República Dominicana.
  8. Establecer programas fiscales que faciliten la adquisición de primeras y segundas viviendas en el país para los-as dominicanos-as en el exterior.
  9. Promover y facilitar las inversiones en el país de las-os dominicanos-as residentes en el extranjero estableciendo incentivos fiscales que permitan el establecimiento de empresas productivas que contribuyan al desarrollo estratégico de la República Dominicana.
Definido el marco jurídico y las políticas públicas se puede avanzar a la definición de los organismos necesarios para su gestión y cumplimiento.

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