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lunes, 30 de julio de 2012

Actualizar la izquierda, reiniciar la democracia

Por Alex Amaro (@alexamarobcn)

La izquierda democrática tiene un gran reto por delante, construirse afianzando su presencia política en la sociedad y ganando espacio en las instituciones del Estado que sustentan la democracia en República Dominicana”.

La izquierda dominicana debe actualizarse, ponerse a tono con los tiempos políticos democráticos que corren hoy día. Hay que dejar de justificar con vanos argumentos la sentida desafección social hacia “la izquierda”. Hay que madurar y ser autocríticos, el principal problema para la izquierda es su desacertada cultura “izquierdista”, su anacrónica entronización como fuerza opositora “Ad vitam aeternam”. Los más jóvenes debemos rebelarnos contra su reiterada incapacidad para actualizarse y convertirnos en un instrumento útil para la transformación social del país actual, no del que fuimos una vez, cuando el peso de los intereses de la “guerra fría” distorsionó nuestro recorrido histórico y la construcción sociocultural como pueblo.

La izquierda para existir hoy y poder desarrollarse tiene que ser democrática o no será. Salvo los típicos argumentos totalitaristas, no hay sofismas que justifiquen la antidemocracia como valor político dentro de la izquierda. Sin embargo la izquierda dominicana ha fermentado una rancia postura antidemocrática, producto de la influencia cultural del estalinismo a nivel mundial y de modo muy particular en la región latinoamericana, en donde ha logrado mantenerse al amparo de regímenes y organizaciones sobrevivientes de la era de la “guerra fría”, que siguen siendo tipificadas como de “izquierda” a pesar de su marcado carácter totalitario y antidemocrático.

La izquierda dominicana debe encontrar la coherencia histórica dentro de las grandes luchas políticas y sociales en las que ha participado (contra Trujillo y el trujillismo, en la Revolución de Abril de 1965, contra Balaguer en los 12 y en los 10 años, en Abril de 1984 y contra el FMI, contra Leonel y leonelísmo, etc.), todas ellas han sido para establecer o garantizar la democracia en el país.

La izquierda democrática tiene un gran reto por delante, construirse afianzando su presencia política en la sociedad y ganando espacio en las instituciones del Estado que sustentan la democracia en República Dominicana.

Quienes aspiramos a construir un nuevo espacio político para relanzar el movimiento progresista en la República Dominicana debemos asumir la tarea de actualizar los valores políticos e ideológicos que sustenta a la izquierda actual.

Las respuestas sociales, políticas e ideológicas que debemos plantear a la actual situación deben basarse la construcción de una alternativa plural y democrática que se estructure desde la diversidad existente en la sociedad dominicana de hoy.

La única alternativa posible al “Statu quo”  es la construcción social de un nuevo sujeto político que cambie la correlación de las fuerzas a favor de la transformación progresista del país, que constituyendo un nuevo poder popular que cree las capacidades sociales que nos permitan gestionar democráticamente el cambio. Para ello necesitamos de una izquierda democrática, plural, progresista y anticapitalista. ¿Seremos capaces de construirla?

martes, 24 de julio de 2012

Burocracia Vs políticas públicas, el despropósito de crear un “Viceministerio para los dominicanos en el exterior”

Por Alex Amaro (@alexamarobcn)

Los agentes sociales que representan a la diáspora dominicana deben estar atentos a los movimientos del actual gobierno y del próximo, así como a los de las cámaras legislativas, de manera que las decisiones adoptadas respondan a las necesidades de las comunidades en el exterior y no a los intereses clientelistas derivados del pago a las contribuciones realizadas durante la pasada campaña electoral”.

Los economistas Fran Valenzuela y Héctor Frías, ambos miembros de la Quisqueya Fundation, organización dominicana radicada en los Estados Unidos, han presentado una propuesta ante el Senado de la República Dominicana, con el objetivo de que éste incorpore dentro del Proyecto de Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores la creación de un Viceministerio para los Dominicanos en el Exterior, una propuesta que de entrada resulta desacertada y mal fundamentada, ya que quiere establecer una “burocracia administrativa” previo a la definición de una políticas públicas que deben ser la pauta para la articulación de cualquier fórmula de gestión institucional de los objetivos políticos que se definan, como de la relación con los actores sociales involucrados en el marco de actuación de las mismas.

La propuesta resulta extemporánea ineficaz y oportunista, ya que no atiende a la problemática real ni a las exigencias de relacionamiento demandadas por las comunidades dominicanas radicadas en el exterior. La propuesta refuerza las exigencias clientelistas de las bases en el exterior de los partidos tradicionales que buscan mecanismos institucionales, aunque sean absurdos como éste, para succionar de los recursos del Estado y cobrar sus contribuciones al triunfo electoral de su aparato político.

Es una propuesta absurda sobre todo en un momento en el que el presidente electo, Danilo Medina, aun no ha desvelado la fórmula para hacer operativa su propuesta de crear un Instituto para el Bienestar de los Dominicanos en el Exterior, del que tendrán que conocerse sus tareas y alcances, pero sobre todo, la reconfiguración del mapa de relaciones del Estado dominicano con la diáspora tomando en cuenta que ya hay 7 diputados del exterior y unos Consejos Consultivos. Lo que obliga al nuevo gobierno a iniciar un proceso de diálogo con la diáspora que permita definir unos objetivos políticos concretos que se orienten a mejorar su vínculo institucional con el Estado dominicano y a lograr una mayor participación en el desarrollo del país. Pero sobre todo que ayude a definir un programa de acciones dirigidas a mejorar su integración y bienestar en los países de acogida.

Lo cierto es que habrá que definir un mecanismo de actuación gubernamental que se sintetice en una burocracia que en todo caso debe ser lógica, funcional y efectiva. No debe responder a las necesidades de extensión internacional del clientelismo político dominicano, sino a las exigencias derivadas de las políticas públicas a definir de forma democrática y participativa con la diáspora. Ésta es una tarea urgente del nuevo gobierno, será una de las pruebas para saber si realmente está dispuesto a corregir lo que está y a hacer lo que nunca se hizo.

Los agentes sociales que representan a la diáspora dominicana deben estar atentos a los movimientos del actual gobierno y del próximo, así como a los de las cámaras legislativas, de manera que las decisiones adoptadas respondan a las necesidades de las comunidades en el exterior y no a los intereses clientelistas derivados del pago a las contribuciones realizadas durante la pasada campaña electoral.

El momento es oportuno para recordar algunas de las propuestas que presentamos durante la pasada campaña electoral, las que se orientan a fomentar la creación de una  agenda de acción política dirigida a mejorar de las condiciones de vida de los dominicanos y dominicanas en el exterior. Nuestra propuesta plantea la necesidad de definir un marco jurídico a partir de la creación de una Ley de Atención e Impulso a las dominicanas y dominicanos en el exterior, que entre otras cosas permita:

  1. Establecer las “Casas Dominicanas” en las ciudades del exterior en donde la población dominicana sea cuantitativamente significativa.
  2. Mejorar de los servicios públicos y consulares mediante el establecimiento de Oficinas Especializadas en la Atención a los-as ciudadanos-as dominicanos-as en el exterior.
  3. Crear un Fondo Económico y Social que facilite el acceso a financiamientos y créditos especiales para los-as emprendedores-as dominicanos-as en exterior y para las entidades dominicanas que promueven la cultura y el desarrollo.
  4. Simplificar los trámites y reducir las tasas de los servicios consulares.
  5. Implementar programas de becas y de educación presencial o a distancia para las-os dominicanas-os en el exterior.
  6. Mejorar la participación, representativad y transparencia en los Consejos Consultivos para las-os dominicanas-os en el exterior.
  7. Reducir las tasas aeroportuarias para los-as dominicanos-as residentes en el exterior, de manera que se facilite el reencuentro permanente de las familias dominicanas separadas por el hecho migratorio e incentiven el crecimiento del turismo criollo desde el exterior hacia la República Dominicana.
  8. Establecer programas fiscales que faciliten la adquisición de primeras y segundas viviendas en el país para los-as dominicanos-as en el exterior.
  9. Promover y facilitar las inversiones en el país de las-os dominicanos-as residentes en el extranjero estableciendo incentivos fiscales que permitan el establecimiento de empresas productivas que contribuyan al desarrollo estratégico de la República Dominicana.
Definido el marco jurídico y las políticas públicas se puede avanzar a la definición de los organismos necesarios para su gestión y cumplimiento.

jueves, 19 de julio de 2012

El mito de la “inmigración legal y ordenada”

Por Alex Amaro (@alexamarobcn)

"Pedir que la inmigración haitiana sea “legal y ordenada” es ponernos del lado de la derecha política “dominicana”y con ello debilitamos la lucha que llevan muchos de nuestros paisanos en el exterior (Estados Unidos y Europa) contra medidas similares que restringen entre otras cosas las reagrupaciones familiares y la libre circulación de nuestros conciudadanos en el mundo".

El concepto de “inmigración legal y ordenada” ha sido acuñado durante los últimos años por la derecha europea, a raíz de la masificación fenómeno migratorio y el creciente asentamiento de ciudadanos de origen extracomunitario en los distintos países del continente.
“Inmigración legal y ordenada” surge del interés de la derecha europea en clasificar el tipo de inmigrantes que llegan al continente, privilegiando la llegada de “profesionales, blancos, cristianos y sin cargas familiares”. De ahí que en distintos momentos hayan propuesto formulas migratorios para incentivar la llegada de “profesionales” en lugar de “pobres, huidos, negros, árabes, mestizos, no católicos y con cargas familiares”.
Los canales de acceso a la “inmigración legal y ordena” existen, son los que funcionan a través de los consulados en los países en vías de desarrollo y que resultan infranqueables para los trabajadores sin formación profesional. Migrar desde los países de origen de forma ilegal se convierte en la única forma posible de hacerlo, ya que los requisitos no son accesibles a las personas que se ven forzadas a migrar para no morir de hambre o por la inseguridad en sus países de origen.
Las dominicanas y dominicanos conocemos del ingenio empleado por muchos de nuestros paisanos, amigos, familiares, o quizás de nosotros mismos, para emprender procesos migratorios no legales y mucho menos ordenados. Aquí se aplica la ley de la ventaja, el sentido de la oportunidad, la rebelión deliberada contra procedimientos de selección migratoria injusta y clasista.
Imagínese usted que la llamada “migración legal y ordenada” hubiera funcionado tal y como se pensó y diseñó, lo cierto es que de los 2 millones de dominicanos que viven el exterior quizás no habrían ni 200 mil, ya que si el requisito “primordial” es la “cualificación profesional” muchos de los que han migrado no reunirían los requisitos exigidos. Pero muchos menos podrían haber reunido solos las “condiciones económicas” mínimas exigidas, casa propia, cuenta bancarias, coche, propiedades, etc.
Por qué tendrían que hacerlo, si precisamente, en la mayoría de los casos la gente emigra por carece de todo eso y lo quiere, asume que nada de eso lo conseguirá en tierra patria y huye, porque salir huyendo es la única salida que les ha quedado a millones de dominicanos y dominicanas, de ahí que más de la mitad de los jóvenes en edad escolar tenga el “sueño migratorio” como primera opción personal.
Por lo tanto de mi parte afirmo que hablar de “inmigración legal y ordena” es un mito. Repetir éste concepto nos sitúa en el contexto de la derecha política, xenófoba, racista y clasista. Así que mucho cuidado cuando nos hagamos eco de ideas simples, que pueden parecer lógicas, pero que en el fondo albergan un trasfondo nefasto y antihumano.
Pedir que la inmigración haitiana sea “legal y ordenada” es ponernos del lado de la derecha política “dominicana” y con ello debilitamos la lucha que llevan muchos de nuestros paisanos en el exterior (Estados Unidos y Europa) contra medidas similares que restringen entre otras cosas las reagrupaciones familiares y la libre circulación de nuestros conciudadanos en el mundo.
Las migraciones deben basarse en la necesidad de encontrar justicia y garantías para vivir, por lo tanto el derecho universal a la vida debe ser la base de la regulación de todo proceso migratorio, es el reconocimiento de la justicia lo que legitima cualquier pretensión de legalidad. Si las leyes son injustas, nos asiste el soberano derecho a rebelarnos y conquistar la justicia.

Nota: El autor es sociólogo, durante los últimos años se ha especializado en temas vinculados a “la migración y al desarrollo”. Actualmente reside en Barcelona, preside la Asociación de la Comunidad Dominicana en Catalunya. Forma parte de la Federación para la igualdad ciudadana y de la Federación de Entidades Latinoamericanas de Catalunya. Es promotor de un nuevo marco regulatorio de las migraciones fundamentado en el respeto a los derechos humanos y en el derecho a vivir. En las elecciones dominicanas de mayo de 2012 participó como candidato a Diputado de Ultramar por Europa a través de la formación política Alianza País.

miércoles, 18 de julio de 2012

La UASD en su laberinto

Por Alexa Amaro (@alexamarobcn)

"Privatizar la UASD sería despojar a los sectores populares de una de las pocas herramientas con que cuenta el país para redistribuir las riquezas y generar la exigua movilidad social que de su existencia y precario funcionamiento se deriva".

La crisis de financiamiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es un problema histórico, cíclico y recurrente que forma parte de su vida política y académica. Es el resultado de una violación sistemática y sostenida de las leyes que describen las formas y fuentes de financiamiento de la academia por parte de los distintos gobiernos durante sus casi 50 años de docencia en democracia.

Durante décadas en la UASD han estallado distintos conflictos derivados de la crisis del financiamiento, un problema que comparte la universidad con el resto de instituciones del Estado que forman parte del sistema de derechos y servicios esenciales (educación, salud, vivienda, empleo, etc.) orientados a garantizar el bienestar y la lucha contra la pobreza.

A la crisis del financiamiento y a los conflictos derivados se suma la campaña permanente sostenida por sectores neoliberales que apuestan por la privatización total del sistema de educación superior, queriendo hacerse sobre todo con el “mercado” que representa la única universidad pública, autónoma y gratuita con que cuenta la República Dominicana.

Una situación crítica que se ve agravada por la incapacidad en la gestión institucional de la academia, en la falta de visión y de reflejos para actualizar la oferta académica y los programas formativos de las distintas carreras.

Pero estos no los únicos problemas de la UASD. La universidad participa activamente del perverso sistema de corrupción y clientelismo que mantiene atomizada a la sociedad dominicana y que drena los recursos públicos que administra el Estado, sirviendo de fuente para la acumulación originaria de capitales, siendo vía para la creación de nuevos ricos y de una parasitaria clase media que ha encontrado en la vida universitaria el fundamento de su statu quo.

Lo último sirve de argumento a los neoliberales y a un segmento importante de la sociedad dominicana que no ve con buenos ojos que se financie a la universidad si se sigue manteniendo la actual estructura inoperante, corrupta y clientelar. Sin embargo, ninguna de estas situaciones justifican por si solas la privatización de la UASD. La defensa de la universidad autónoma tiene que ver con la necesidad social de contar con un servicio de educación superior abierto, público y gratuito que permita el acceso a una titulación universitaria a los sectores populares, económicamente empobrecidos por un modelo de sociedad injusto e inequitativo.

Privatizar la UASD sería despojar a los sectores populares de una de las pocas herramientas con que cuenta el país para redistribuir las riquezas y generar la exigua movilidad social que de su existencia y precario funcionamiento se deriva.

La oposición a cualquier fórmula de gestión que implique la privatización y aumento del coste de los servicios académicos de la UASD debe incorporar el compromiso firme para producir los cambios políticos y académicos internos que permitan la renovación progresista de la institución universitaria. Hay que mejorar la gestión administrativa y democratizarla. Los estudiantes deben contar con mayor participación en el gobierno de la universidad, debe restablecerse el cogobierno al 33% tal y como resultó de la lucha por conquistar la democracia interna, la autonomía y el fuero universitario durante el proceso de destrujillización del país a principios de los años 60.

De los estudiantes se espera la renovación de su compromiso con el país y con el proceso de liberación nacional truncado por los partidos tradicionales, PRD y PLD, aliados en otras épocas de las luchas estudiantiles por la democratización de la universidad y de la Nación dominicana. Los estudiantes deben volver a convertirse en vanguardia de la lucha social por la democracia, el progreso y el bienestar del país. Deben articularse a nuevos referentes políticos y culturales que se orienten a refundar la República para garantizar la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos y ciudadanas.

La UASD abierta, gratuita, democrática y progresista cobrará sentido cuando la “familia universitaria” vuelva al seno del pueblo con el cual fraguó a sangre y fuego su democracia y autonomía. La universidad tiene que ser un recurso para la superación personal y la mejora social, pero se le exige un mayor compromiso en la lucha contra las desigualdades sociales y la pobreza. La universidad debe liderar el proceso de formación de recursos humanos que necesita el país, creando conocimientos y desarrollando tecnologías que refuercen el progreso de la República Dominicana.

Nota: El autor fue dirigente estudiantil en la UASD. En el año 2000 participó activamente en las luchas estudiantiles contra el aumento de los créditos para el curso de verano. Como respuesta a la lucha estudiantil que derivó en la ocupación total de las instalaciones universitarias de la sede durante el verano del año 2000 el rector Miguel Rosado, impuso de forma administrativa e ilegal la expulsión de la academia de 19 lideres estudiantes implicados en la protesta, entre ellos el autor del presente artículo, Alex Amaro. La sanción se mantuvo vigente hasta el año 2003 cuando el rector privatizador, Miguel Rosado, abandonó sus funciones al frente de la institución. El nuevo rector Porfirio García reconoció la injusticia y levantó la sanción, permitiendo la finalización de los estudios del grupo de estudiantes “expulsados”.

miércoles, 11 de julio de 2012

La violencia del poder, el poder de la violencia

Por Alex Amaro (@alexamarobcn)

"Debemos provocar una revolución social y cultural que nos permita deconstruir la estructura violenta que atomiza a la sociedad dominicana, lo que nos exige militancia y compromiso para cambiar costumbres políticas y sociales que refuerzan el poder la violencia y la violencia del poder".

La sociedad dominicana se encuentra atrapada en una ola de violencia generalizada que toca sensiblemente a casi todos los ámbitos de la vida social del país. La violencia machista, los  asaltos, secuestros, torturas, asesinatos, la corrupción y la pobreza son algunas de la expresiones que caracterizan ésta violencia estructural, causando tanto desasosiego entre la población que durante los últimos años estamos asistiendo a una nueva ola migratoria, ésta vez por razones de seguridad y supervivencia vital.

Durante décadas, en República Dominicana, la violencia ha formado parte activa del ejercicio del poder, llegando a convertirse en un recurso frecuente para resolver conflictos sociales, políticos, económicos, culturales, etc., sean estos de ámbitos público o privado.

La violencia se ha estructurado política, social y culturalmente de tal forma que, la gente no se extraña ni alarma ante hechos como la represión del Estado y de la policía, la violencia machista, los ajustes de cuenta entre carteles de la droga, etc. El uso de la violencia se justifica socialmente con una brutalidad que me causa indignación y pavor.

El poder de la violencia es tal que pocos sectores escapan a su peso e influencia.  La violencia del poder ha creado un sistema de impunidad y eficiencia criminal accesible a cualquiera que tenga dinero para comprar a políticos, policías, militares, abogados, fiscales, jueces, periodistas o comunicadores que le puedan construir una coartada o directamente garantizarle a una sentencia favorable que le libre de la justicia y de la cárcel.

De ahí que resulte tan difícil enfrentar ámbitos específicos como la violencia machista o los asesinatos en robos, ajustes de cuentas o a manos de la policía y militares. Combatir la violencia exige una reconstrucción de los poderes públicos y privados de forma que socialmente podamos despojarlos de sus capacidades para ejercerla, pero eso implica el desmonte total de las estructuras y garantías de impunidad en que se sustentan.

La lucha contra la violencia exige un reordenamiento del Sistema de Justica de forma que entremos en la legalidad democrática requerida para considerarnos un verdadero Estado de derecho. Una reforma de la justicia que exige nuevas formas de gestionar la seguridad pública y las funciones de policía. Necesitamos una justicia independiente del resto de poderes del Estado, con recursos propios y suficientes para que pueda desempeñar su papel sin tener que postrarse o venderse a los poderes políticos o a intereses privados.

Debemos provocar una revolución social y cultural que nos permita deconstruir la estructura violenta que atomiza a la sociedad dominicana, lo que nos exige militancia y compromiso para cambiar costumbres políticas y sociales que refuerzan el poder la violencia y la violencia del poder.

Quienes aspiramos a construir una mejor sociedad a partir de la articulación de una nueva expresión política democrática y alternativa debemos asumir el combate a la violencia estructural desde la no-violencia activa. No podemos seguir reforzando el poder de la violencia sobre la sociedad, tenemos que apostar por la resolución democrática y no violenta de los conflictos que afectan el desarrollo humano y el progreso de la República Dominicana. Debemos construir una nueva radicalidad que no se sustente en métodos de lucha violentos, sino que se funden en el peso y valor de las ideas. Una nueva radicalidad democrática y no violenta que nos devuelva la humanidad y sentido común perdido bajo el peso de tanta violencia.

La no violencia activa es el pasaporte necesario para un viaje de lucha y confrontación cuyos resultados tangibles no pueden seguir siendo tan sólo las víctimas de la violencia. Debemos redimensionar el valor de la vida y el perjuicio de la violencia. Es difícil sí, pero hay que intentarlo.

jueves, 5 de julio de 2012

Retos de la inmigración: ciudadanía y la participación política

Encuentro-debate
Retos de la inmigración: ciudadanía y la participación política
Jueves 26 de Julio a las  19h en la Sede de CCOO, Vía Laietana, 16.

Ante la creciente restricción de los derechos de ciudadanía y el estancamiento de la participación de la participación política de las y los inmigrantes en Catalunya, urge encontrarnos y debatir formulas de acción que desde la más amplia, plural y diversa unidad nos permitan defender la dignidad de las personas inmigradas, garantizando su inclusión permanente en las políticas sociales orientadas a frenar y revertir la exclusión, la marginalidad y la pobreza en una sociedad fuertemente tocada por la crisis de la economía.
Las dificultades generadas por el impacto de la crisis de la economía están sirviendo de caldo de cultivo para la expansión y crecimiento de los discursos xenófobos y racistas, potenciando la consolidación de expresiones políticas que buscan la exclusión de las personas inmigradas, convirtiéndose en alternativa político-electoral para un segmento social cada vez más significativo y logrando representación institucional en algunas localidades, sin que hasta el momento el conjunto de las fuerzas democráticas hayan logrado frenar o revertir esta nefasta tendencia.
Es la hora de unirnos y plantar cara a quienes intentan fragmentar a la sociedad a partir de la exclusión de la población inmigrada del Estado de bienestar. Es el momento de apostar por una creciente, intensa y diversificada participación política. Se trata de generar un movimiento de opinión política no partidista, del que formen parte todos los sectores democráticos y progresistas que así lo deseen, para impulsar la integración de las personas inmigradas y construir las bases una sociedad intercultural.
Por eso te invitamos a participar de este proceso democrático, plural y cooperativo que busca alentar el empoderamiento ciudadano de las personas inmigradas. Nos encaminamos a plantear un proceso de acción para:
  1. Conquistar el derecho a voto en las elecciones municipales y autonómicas para todos los inmigrantes con residencia legal y permanente establecida en Catalunya.
  2. Comprometer a los partidos políticos a garantizar la inclusión de ciudadanos de origen inmigrante en sus listas electorales a los distintos niveles de elección popular, autonómica y municipal, de manera que puedan ser elegidos y logren entrar en las instituciones parlamentarias y de gobierno.
Contigo podemos cambiar la situación actual, sólo un presente de lucha puede aproximarnos al futuro que deseamos.

lunes, 2 de julio de 2012

Porque nosotros también somos Catalunya, queremos voz y voto para participar y decidir

La integración de la inmigración a la sociedad catalana se ha convertido durante los últimos años en uno de los temas centrales del debate político y electoral llevado a cabo por los partidos políticos y sus líderes. Un debate que no ha pasado de discutir la inmigración como problema, como si no representara ninguna oportunidad para la sociedad, sobre todo y es lo más grave, se habla de forma hiriente y violenta como si no se tratara de personas.

Pero esto tiene una explicación clara, en la concepción política predominante las y los inmigrantes no son considerados como ciudadanos, son tan sólo fuerza de trabajo, un accesorio económico del que se puede prescindir en cualquier momento si las cosas no van bien, si la economía falla, etc.

Para muchos políticos y para una parte de la sociedad realmente los inmigrantes no contamos. Pero ésta es una situación reversible, podemos superarla si desplegamos un proceso de unidad y lucha desde los colectivos de inmigrantes, exigiendo el reconocimiento pleno de los derechos de ciudadanía, los derechos a voz y voto, es decir, la capacidad para interlocutar y decidir por lo que es mejor para nosotros. Se trata de empezar a contar y de ser tomados en cuenta, de lograr visibilidad, de ganar la palabra, de forjar opinión, de ser, de existir, de mandar.

La integración no significa sumarse a lo existente ni ser sumimos, la integración supone apropiarse de unas capacidades políticas, de unas ventajas sociales y unas oportunidades económicas que nos permitan participar en la sociedad como uno más y no como la sombra del resto.

Para romper éste círculo vicioso en el que nos encontramos es preciso que logremos conquistar en el mayor breve plazo el derecho al voto de todos los inmigrantes con residencia legal y permanente sin que sean necesario encontrarse avalado por los llamados acuerdos de reciprocidad que en la actualidad despojan de la capacidad para votar a cientos de miles de inmigrantes procedentes de países en conflictos o con regímenes autoritarios.

Es necesario que las fuerzas democráticas y progresistas que conformamos el tejido asociativo de origen inmigrante nos pongamos de acuerdo para poner en marcha un proceso que entre otras reivindicaciones nos permita:

  1. Conquistar el derecho a voto en las elecciones municipales y autonómicas para todos los inmigrantes con residencia legal y permanente establecida en Catalunya
  2. Comprometer a los partidos políticos a garantizar la inclusión de ciudadanos de origen inmigrante en las listas de sus listas electorales a los distintos niveles de elección popular, de manera que puedan ser elegidos y logren entrar en las instituciones parlamentarias y de gobierno.
El cumplimiento de estos dos puntos puede contribuir a mejorar la participación política de los ciudadanos de origen inmigrante, pero sobre todo ayudará a mejorar la democracia, permitiendo que el 16% de la población en Catalunya que significa la inmigración empiece a contar, a tener voz y voto para poder participar y decidir por el país que queremos, que es ya el país por el que trabajamos.